Una trabajadora de la Generalitat valenciana revela a la jueza que altos cargos de Mazón fueron informados de la dana

Información actualizada y constante. Cristina V., técnica de Emergencias de la Generalitat, ha relatado este viernes ante la jueza de Catarroja (Valencia) que indaga penalmente la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que altos cargos del Ejecutivo de Carlos Mazón integraban un grupo de comunicación a través de SMS. La cúpula recibía datos sobre la magnitud de la tragedia que dejó 228 muertos el pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia, según indican a EL PAÍS fuentes presentes en su comparecencia.

Entre los dirigentes del Consell que procesaban este flujo constante de información, figuraban el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y quien fuera número dos de la Consejería de Justicia e Interior durante la riada, Emilio Argüeso, que está imputado en esta causa que indaga los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes junto a la exconsejera Salomé Pradas.

Los mensajes de SMS también llegaron a los responsables de la policía de la Generalitat y a miembros del equipo de prensa del Ejecutivo valenciano, según ha sostenido esta empleada.

Cristina V. ha declarado durante dos horas en el juzgado de Catarroja que indaga la dana en calidad de testigo. Una condición que le obliga a decir la verdad y a contestar a todas las partes: jueza, fiscales, defensas y acusaciones populares y particulares.

Informes de seguimiento constantes

Ha desvelado que los dirigentes del Consell del área de emergencias fueron advertidos de la magnitud de la inundación a través de informes de seguimiento. Que se emitieron varios de estos documentos -que incluían datos sobre llamadas, rescates y situación de las carreteras- durante la aciaga jornada. Y que uno de estos reportes se mandó antes de la reunión del Cecopi, el órgano de emergencias de la Generalitat que coordinó la crisis. Y desde donde se envió el controvertido aviso masivo a móviles. La misiva se coló en los teléfonos a las 20.11 horas, cuando se acumulaban fallecidos, desaparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes. Y se ha convertido en la piedra angular de las pesquisas de la magistrada. Junto al retraso de la notificación, la instructora ha afeado en varios autos a la Generalitat la falta de precisión en el mensaje. El texto no instaba a subir a las primeras plantas. Un total de 103 muertos fueron hallados en bajos, aparcamientos y sótanos (35), según el Centro de Integración de Datos (CID).

Al revelar el flujo de información constante a la cúpula de emergencias del Consell, la declaración de la testigo contradice las tesis de los dos exaltos cargos de Mazón imputados en la causa, Pradas y Argüeso. Ambos han defendido con vehemencia en el juzgado que no fueron alertados de la dimensión de la tromba y descargaron su responsabilidad en los técnicos y en organismos gubernamentales como la Agencia Española de Meteorología (Aemet) o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Pradas y Argüeso, además, relataron que no eran conscientes de la dimensión de la riada, pese a que el 112 –la centralita de emergencias de la Generalitat- recibió desde las 16.41 horas del 29 de octubre decenas de llamadas desde municipios como Chiva o Cheste, donde nace el barranco del Poyo, epicentro de la catástrofe tras su desbordamiento.

En su comparecencia, la testigo ha indicado que la Generalitat “era conocedora” de los avisos de la Aemet, que nueve días antes previó lo que se avecinaba. Y el mismo 29 de octubre, a las 7.36 horas, emitió un aviso rojo, el máximo de la escala y que se activa ante una previsión de lluvias de más de 180 litros por metro cuadrado. “En base estos avisos, hicimos las alertas (sic)”, ha recordado.

El día de la dana, la técnico acabó de trabajar a las 7.00 horas de la tarde, en el punto álgido de la riada, tras doblar su turno. Y, cuando abandonó su puesto, ha relatado que no era consciente del riesgo del barranco del Poyo. Y que no había visto los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), que controla los caudales, desde la CHJ.

Tras presenciar la comparecencia, Mamen Peris, abogada de la acusación popular que ejerce Ciudadanos, ha adelantado que pedirá a la jueza datos sobre el flujo de información a los altos cargos de Emergencias deMazón. Preguntará también cómo se gestionaban los informes de seguimiento y la posibilidad de acceder al Cordcom, una suerte de caja negra que centralizó todas las notificaciones de la crisis.

Información sobre la dana de 2023

La jueza ha pedido a la Conselleria de Emergencias de Mazón un informe sobre las actuaciones de este organismo, tras recibir los avisos de la Aemet, en la dana de septiembre de 2023. Al frente de este departamento se encontraba entonces la antecesora de Pradas, Elisa Núñez, de Vox. La magistrada, no obstante, ha rechazado la solicitud de citar a declarar como testigo a esta última. Núñez declaró en una entrevista en La Vanguardia el pasado mayo: “Con alerta roja, debería haberse convocado el Cecopi preventivo” y destacó que “estaba ensayado” el sistema de envío de mensajes a móviles. Un mecanismo que la exconsejera imputada Pradas reconoció que no sabía de su existencia hasta la misma noche de la tragedia.

La instructora también ha tumbado requerir a la Unidad Militar de Emergencias (UME) su “diario de operaciones”, hoja de ruta que recoge la actividad del Batallón de Intervención de Emergencias III los días 28, 29 y 30 de octubre. La actividad de esta unidad, apunta el auto, “no es objeto de controversia”.

También se ha negado la magistrada a solicitar a la Consejería de Emergencias sus anotaciones, registros y llamadas telefónicas del 29 de octubre. Y recabar sus mensajes redactados y validados con Es Alert, tal y como solicitaba la acusación popular de la Confederació Intersindical Valenciana. En su resolución, la instructora reitera que la competencia del envío de la alerta fue de la Generalitat Valenciana.