La trabajadora social de Barcelona apartada por desviar ayudas ya fue denunciada en Montmeló

La trabajadora de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona que ha sido apartada por desviar ayudas sociales e ingresarlas en cuentas bancarias que no son las de sus beneficiarios, ya fue denunciada en 2015 por hechos parecidos en el Ayuntamiento de Montmeló (Vallès Oriental). En ese caso, no habría desviado los fondos a cuentas de terceros, sino que se apropiaba de las cantidades, confirman fuentes del consistorio de esta población próxima a Barcelona. Las mismas fuentes no han cuantificado de qué importe se apropió, y explican que el caso está judicializado, pero no cerrado.

“El 7 de septiembre de 2015 se presentó una querella en nombre del Ayuntamiento de Montmeló contra la trabajadora social F.M. por la presunta desviación de fondos públicos destinados a ayudas sociales. Los hechos se descubrieron a raíz de quejas de usuarios que no recibían las ayudas”, explica el consistorio de Montmeló por escrito. Cuando se revisaron los expedientes revisados por la trabajadora, “se descubrieron irregularidades en la tramitación que encubrían la apropiación por su parte de las ayudas”, indican las mismas fuentes, que apuntan que la investigación la llevó el juzgado de instrucción número 3 de Mollet, “habiéndose acreditado indiciariamente que la investigada había ingresado en su cuenta el importe de varias ayudas”.

En Barcelona, el Ayuntamiento ha llevado a la Fiscalía a F.M. porque habría desviado hasta 400.000 euros de ayudas a cuentas corrientes que no eran las de sus beneficiarios. La empleada, ahora suspendida, trabaja en el centro de servicios sociales de los barrios de Porta, Vilapicina y Torre Llobeta, en Nou Barris, uno de los distritos con más población vulnerable. El consistorio barcelonés insistió el jueves en que se trata de “un caso aislado” y recordó que el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) tiene una plantilla de 1.500 personas. La empleada había pasado por centros de otros distritos, como el Eixample, en el centro de Barcelona. En total llevaba entre seis y siete años en el consistorio, según las fuentes consultadas.

Alerta de una compañera de la empleada denunciada

Fuentes de los propios servicios sociales explican que en el caso de Barcelona no fueron los usuarios quienes alertaron de las irregularidades, sino que fue una ex compañera suya del Ayuntamiento de Montmeló que la reconoció al incorporarse al servicio municipal de la capital catalana. La versión del Ayuntamiento de Barcelona es que se descubrió a raíz de una auditoría.

El impacto de la noticia fue muy grande este jueves entre la plantilla del IMSS. Varios profesionales consultados lamentaron que se hable de ellos, con unos medios muy tensionados desde hace años, por unos hechos negativos como un desvío de fondos. Y se preguntaron cómo es posible que no saltaran alarmas ante una cuantía tan grande de dinero. Al menos dos voces de los trabajadores municipales detallan que los supuestos ingresos a cuentas que no eran las de los beneficiarios fueron más de 600 solo durante el año 2024, algunos a empresas vinculadas al sector de la vivienda.

Barcelona tiene 39 centros de servicios sociales (CSS) que atienden a familias o vecinos individualmente. Ofrecen información, orientación y tramitan, si es necesario, ayudas y servicios del Ayuntamiento, ya sean de acceso directo o bajo la evaluación de los equipos profesionales. Sería en las ayudas económicas que consideran necesarias los trabajadores o educadores sociales donde se habría producido el desvío, explican los propios empleados. Se trata, por ejemplo, de ayudas de urgencia para pagar el alquiler o actividades extraescolares de menores. Y son cantidades que habitualmente se ingresan a las cuentas bancarias de las familias, pero, a veces, en cuentas de un tercero, como podría ser el propietario de la vivienda o la empresa que realice las extraescolares.

Los sindicatos acusan al Ayuntamiento de faltar a la verdad y piden responsabilidades

Los tres sindicatos con representación en el INSS (CGT, UGT e Intersindical), han enviado este viernes mensajes de apoyo a los profesionales. Especialmente duro es el de CGT, que acusa a la administración de falta de controles y de “inventarse, sin ponerse colorados” nuevos procedimientos y una auditoría en la que se habría descubierto el desvío, cuando los trabajadores aseguran que la voz de alarma la dio una compañera que conocía a la ahora apartada porque habían trabajado juntas en Montmeló.

“Que no se haya detectado en siete años que alguien estaba desviando dinero, presuntamente, no tiene que ver con la falta de informes sociales o con que las ayudas no estuvieran justificados. De hecho, nos consta que lo estaban, entendemos que falsamente de alguna manera, por supuesto, pero lo estaban. Que presuntamente una trabajadora haya podido estar tramitando el doble y el triple de ayudas que el resto de profesionales durante años no se arregla pidiéndonos informes al resto”, se queja CGT sobre la imposición de nuevos controles en el otorgamiento de ayudas. El sindicato expresa “preocupación por el efecto que la noticia tendrá en la ciudadanía y porque la solución, una vez más, pase por complicar la vida a los que están en primera línea”. El sindicato asegura que los profesionales “se dejan la piel cada día” y pide a la administración “calma y honestidad”.

En el caso de la Intersindical, pide respeto a la “presunción de inocencia”, procesos garantistas hacia la trabajadora y “transparencia y rigor por parte del Ayuntamiento”. También insiste en la idea de que el caso no se descubrió “por una auditoría sino por una profesional”: “No fue fruto de un sistema eficaz de control, sino de la casualidad y la responsabilidad de una profesional”, “exigimos verdad transparencia y asunción de responsabilidades”. Además, el sindicato considera que “la solución no puede pasar por más burocracia para la plantilla”; se pregunta “¿cómo pudo pasar [los desvíos] durante siete años?” y pide “depuración de responsabilidades entre directivos, técnicos y políticos que han estado al corriente o deberían haberlo estado”.

UGT, por su parte, defiende “los servicios públicos y su profesionalidad como herramienta para la cohesión social en la ciudad”, pide un refuerzo de los controles y la gestión interna, apela a la “responsabilidad institucional en los criterios y procedimientos para otorgar ayudas”.