La tecnología para enfrentar la opacidad del financiamiento político

¿Quién paga realmente las campañas políticas? Esa pregunta sigue sin una respuesta clara, a pesar de los esfuerzos regulatorios y de la rendición de cuentas que tanto candidatos como partidos presentan. Aunque el Estado cubre de manera preponderante estos gastos, en Colombia se permiten donaciones de particulares bajo estrictos límites. Por regla general, en las elecciones presidenciales los aportes privados pueden representar hasta el 20% del gasto autorizado, y ningún donante de manera individual puede contribuir con más del 2% de ese monto. Para el resto de las campañas, los particulares pueden cubrir hasta el 100% del tope de gastos permitido, siempre que ninguna contribución individual supere el 10% de dicho límite.

Sin embargo, aún con las medidas regulatorias implementadas y la obligación de los candidatos y partidos de reportar las contribuciones privadas que reciben, la transparencia sobre el origen, monto y destino de estos recursos sigue siendo uno de los puntos más vulnerables del sistema.

Son muy frecuentes las denuncias por violaciones a los topes de gastos, debido a la omisión de aportes privados en los reportes presentados por candidatos y partidos. De manera que la trazabilidad real del dinero que circula en campaña continúa siendo, en muchos casos, una promesa incumplida. Las finanzas de la política son tristemente un pozo séptico, como lo ha dicho Fernando Carrillo.

En este contexto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia estudia una iniciativa que podría marcar un punto de inflexión: permitir que los ciudadanos registren directamente sus contribuciones, donaciones o créditos, en dinero o en especie, a través de un software especializado denominado «Registro Online de Aportes Privados a Campañas Electorales». Esta herramienta, desarrollada por la Corporación Transparencia por Colombia con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI), representaría una expansión del sistema actual de «Cuentas Claras», donde los candidatos en Colombia reportan sus informes de ingresos y gastos de campaña.

La novedad del registro en línea radica en que obligaría a personas naturales y jurídicas a declarar sus aportes a campañas electorales en tiempo real, sin intermediarios y con documentación de respaldo. Esta trazabilidad reforzada facilitaría la labor de fiscalización del CNE y permitiría contrastar datos entre múltiples fuentes, con el fin de evaluar su veracidad y consistencia, disminuyendo el margen para la opacidad y el incumplimiento.

Expertos han advertido que la dependencia exclusiva del CNE en la información proporcionada por candidatos, gerentes de campaña y partidos representa un riesgo muy alto. Resulta paradójico que la única fuente de transparencia sea de quien podría al mismo tiempo beneficiarse de la falta de ella. Esto no implica poner en duda la buena fe de todos los involucrados, sino reconocer que la estructura de incentivos actual puede facilitar precisamente las prácticas que se busca erradicar.

De allí que la verificación de las cuentas en el sistema actual sea limitada y, con ello, se deje espacio para actividades clientelistas o de corrupción. Por lo que la adopción de esta herramienta tecnológica podría fortalecer significativamente uno de los aspectos más vulnerables del sistema: la rendición de cuentas en el marco de la transparencia.

Además, esta herramienta fue diseñada para abordar otro problema: la falta de canales oficiales que permitan a los aportantes privados cumplir con el deber legal de reportar directamente sus contribuciones a campañas políticas, según lo establecido en la Ley 1864 de 2017, que impone penas de prisión por la omisión de tales declaraciones.

Por estas razones, la decisión del CNE es muy relevante. Implementar este sistema sería un paso decisivo en la modernización del financiamiento electoral local, especialmente en un contexto marcado por la desinformación, la influencia de economías ilegales y la persistencia del conflicto armado interno. Poder rastrear los aportes en tiempo real no es solo una mejora técnica: es una apuesta política de profundo calado, en un momento histórico en el que la democracia enfrenta los más serios desafíos.

De hecho, la incorporación de esta herramienta tecnológica por parte del CNE no solo podría reforzar la percepción de transparencia institucional, sino también proyectar una imagen más íntegra y comprometida de quienes aspiran a cargos de elección popular. Este avance contribuiría a consolidar mayores niveles de credibilidad y confianza ciudadana, sentando las bases para estándares más altos en la gestión y orientación de las entidades electorales tan indispensables para las elecciones de 2026. Al mismo tiempo, facilitaría la generación de información de calidad y establecería incentivos tangibles para forjar una cultura política más abierta, deliberativa y menos estigmatizada, donde la participación ciudadana deje de ser vista con recelo y se convierta en una forma legítima de construcción colectiva.

En tiempos de desconfianza generalizada, la verdad verificable no es un lujo, sino una condición básica y obligatoria de la democracia. La ciudadanía tiene derecho a saber de dónde provienen los recursos que alimentan la política, y exigir garantías reales de que quienes aspiran al poder no están hipotecando su independencia frente a intereses económicos oscuros.

¿Hasta qué punto puede hablarse de una democracia real cuando se desconoce quién la financia?

En las próximas semanas se sabrá si esta propuesta avanza o se queda, como tantas otras, atrapada en el pantano de las buenas intenciones. Pero si el CNE decide actuar con determinación, enviará un mensaje contundente: combatir la corrupción y el clientelismo que germinan en la opacidad no es una ilusión idealista, sino una obligación urgente e ineludible en cualquier democracia que aspire a ser auténtica.